La
Comisión de Equidad Social y Género de la Cámara Baja, que preside la
diputada Rocío Abed (ANR), resolvió emitir dictamen de aprobación para el
proyecto de ley “Que dispone la fecha de realización del censo nacional de
población y viviendas del año 2022”, por el cual se declara el 9 de noviembre,
día feriado nacional para su realización.
En la reunión se recordó que el último censo realizado en el país data del año
2012; se lleva a cabo cada 10 años desde 1950; y que el organismo encargado es
la otrora Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), hoy
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Cabe señalar que este censo de población permitirá medir el impacto de la
pandemia en aspectos como la fecundidad o la migración y es calificado como “el
censo de la década, el censo del siglo», según el titular del INE, Iván
Ojeda.
La inversión para el emprendimiento es de 43 millones de dólares.
Otro asunto a considerar será el relacionado a las defunciones, que antes de la
pandemia ascendían a 36.000 por año.
Igualmente, según datos proporcionados, se enfocará el comportamiento de la
migración interna de zonas urbanas a rurales y viceversa.
En otro orden de cosas, miembros del órgano legislativo respaldarán un pedido
de informes a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO); y
al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), con relación al
proyecto “Que suspende por tiempo ilimitado el pago del IVA a toda persona
física que perciba un monto inferior al salario mínimo vigente”.
La propuesta considera una injusticia tributaria que las personas físicas que
prestan servicios profesionales y/o personales, que perciben un salario menor
al mínimo legal establecido, paguen impuesto al valor agregado (IVA).
La idea es paliar la inequidad que, según entienden los proyectistas, surge al
momento en que los empleadores proceden a retener el 100 % del IVA a las
personas contratadas por ellas, sin tener en cuenta que perciben un salario muy
inferior al mínimo legal.
Fuente: HCD
