La Cámara de Diputados, por medio de sus comisiones asesoras, inició el debate del proyecto que reglamenta los artículos 196, 241 y 254 de la Carta Magna, que estipulan las incompatibilidades para el ejercicio de la función legislativa y judicial.
El documento tuvo dictamen de aprobación en la Comisión de Asuntos Constitucionales durante la reunión ordinaria de esta semana.
Según informaron los legisladores, con esto se busca dejar en claro que la normativa constitucional solo permite a los legisladores y magistrados, el ejercicio de la docencia, no así la administración de recursos institucionales de las entidades de educación superior.
El diputado Bernardo Villalba (ANR), fue vocero de sus colegas para explicar detalles de los resuelto. Recordó que la iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
Dijo que las modificaciones impulsadas pretenden una definición legal de la expresión “ejercicio parcial de la docencia”, a fin de aclarar este apartado constitucional.
“Todos aquellos que tengan administración de cualquier institución no pueden ser legisladores”, afirmó, tajante, Villalba.
Agregó que “esto riñe con los principios constitucionales y otras leyes, como el cobro de doble salario, pero no deshabilita a los legisladores y magistrados a ejercer parcialmente la docencia, es decir, dar clases”.
Sobre las universidades privadas, indicó que se debe hacer otra interpretación, ya que el documento pretende salvaguardar el erario público.
“Si una persona tiene una universidad privada y gasta su dinero en campaña, debe rendir cuentas ante el TSJE”, manifestó.
El diputado Bernardo Villalba refirió, por último, que se pretende que ningún ciudadano con cargo, y que tenga la disponibilidad de la ejecución de presupuesto de dinero público, pueda ser candidato a los efectos de que no se vea tentado a usar este dinero para su campaña política.
Aseguró que, en la actualidad, “hay un vacío de la Constitución”.
Este proyecto deberá pasar por el plenario de la Cámara de Diputados, próximamente. Si esta institución aprueba la normativa, quedará sancionada y pasará al Ejecutivo.
