El senador Fidel Zavala defendió la vigencia de la ley que eleva las penas por invasiones a la propiedad privada en Paraguay. Aseguró que acabaron las invasiones desde que se implementó la legislación y, por ello, operadores políticos buscan derogarla.
Esta es una de las reivindicaciones de las organizaciones campesinas que acampan en la capital para reclamar al Congreso Nacional revertir su postura con respecto a la controvertida normativa.
“Cero invasiones nuevas. La ley que eleva las penas por invasiones es un palo a la rueda de los operadores que acomodan las necesidades de los campesinos para el negocio. La ley los pone en evidencia y por eso buscan derogarla”, dijo el senador Zavala.
Recordó que antes de la promulgación de la ley la mayor cantidad de invasiones se daba en el departamento Central. “Casi el 60 % de ocupaciones corresponde a esta zona del país. Es decir, esta problemática afecta a todos”, acotó.
Zavala aclaró que quienes presentaron la propuesta legislativa nunca tuvieron la intención de criminalizar la lucha campesina con relación a la tenencia de tierra.
“La intención es sancionar a los que invaden propiedades privadas, causan daños ambientales y económicos. La ley no blanquea ni criminaliza nada”, puntualizó, igualmente, el senador Zavala.
Así también, aludió a las consecuencias que traen para el país las ocupaciones ilegales de inmuebles y trató incluso de delincuentes a quienes las propician.
“Las invasiones ahuyentan inversiones; generan violencia; mantienen en la miseria a campesinos e indígenas. Las invasiones son un verdadero perjuicio. Lamento que estos delincuentes usen las necesidades de nuestros compatriotas para infringir normas”, sentenció, por último.
El 29 de setiembre del año pasado, la Cámara de Diputados sancionó la ley por la que se aumentan las penas carcelarias a los invasores.
El texto que posteriormente fue promulgado por el Ejecutivo establece que todas las personas que ingresaran con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno serán castigadas con pena privativa de libertad de hasta seis años.
Fuente: La Nación
