La Cámara de Senadores se ratificó en su postura inicial con respecto al proyecto de Ley que otorga una pensión a víctimas colaterales de feminicidio.
El proyecto vuelve a Diputados, quien había rechazado la propuesta presentada por el senador Derlis Osorio (ANR).
El proyecto pretende reparar económicamente a niños, niñas y adolescentes, cuando su progenitor haya sido imputado, acusado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora.
Además, la normativa se podrá aplicar durante la acción penal seguida contra su progenitor, en la causa donde se investigue el homicidio de su madre.
Establece que el Estado debe abonar, mensualmente, un valor equivalente a 15 jornales mínimos para garantizar que las víctimas puedan ejercer sus derechos a recibir tratamientos psicológicos, físicos, espirituales y otros que fueran necesarios.
Mensualidad para los menores de edad
La eventual ley entraría en vigencia cuando el progenitor se suicide, tenga prisión preventiva o esté purgando una condena firme. Los destinatarios vienen a ser los menores de edad.
En el debate se recomendó la aceptación del rechazo de Diputados porque no abarca la totalidad de los casos que podrían presentarse para aplicar la Ley.
“Por ejemplo, se le excluye a los hijos no biológicos de la pareja determinada, o aquellos menores que perdieron a sus madres por otras razones, sin poder determinar realmente el monto presupuestario que demandará esta ley”, detalló uno de los objetores de la norma.
Se remarcó que el Ministerio de Hacienda sostuvo que es imposible determinar a cuánto podría ascender el presupuesto, más aún cuando se abre la posibilidad de aplicar la retroactividad del beneficio.
Stephan Rasmussen (PQ), por la Comisión de Cuentas y Control, aconsejó aceptar el rechazo de Diputados. “Este proyecto pretende dar una asignación mensual de 15 jornales mínimos, lo que sería G. 1.300.000 por cada beneficiario o hijos con discapacidad. Solo contempla cuando ocurre feminicidio, pero no se aplica cuando la madre es quien asesina al padre, lo que demuestra un alto grado de discriminación”, explicó.
El proyecto, finalmente, fue sancionado y vuelve a la Cámara de Diputados para su consideración.
(Fuente: La Nación)
