Los diputados iniciaron el estudio del Proyecto de Ley “Que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la administración central y del servicio civil”, que pretende, básicamente, equiparar los salarios de los jubilados con relación al de los activos.
El tema es sumamente complejo porque, si bien se trata de un asunto sumamente atendible, legítimo, podría afectar la sostenibilidad y el equilibrio de la Caja Fiscal, según explicaciones del diputado Pablino Rodríguez (ANR), quien es uno de los que encabeza el análisis.
En este marco fue organizada una primera reunión interinstitucional que contó con la participación de representantes del Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Trabajo; el Banco Central del Paraguay (BCP); y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
En el encuentro se estableció un mecanismo de trabajo, pues se pretende modificar el proyecto que fue presentado. El tiempo de estudio sería de tres meses, antes del debate en plenaria, según el cronograma acordado.
“Amerita un análisis profundo de la situación de la Caja Fiscal y, para el efecto, los actores participaron de esta reunión. La Comisión de Justicia está liderando este estudio; se establecieron tres mesas de trabajo, una de ellas será encabezada por la Facultad de Economía y las restantes por los diputados a través de las comisiones. En la cuestión legal estará la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la redacción de la Ley estará la Comisión de Justicia y los diversos sectores conformarán las mesas a los efectos de que en tres meses tengamos un proyecto definido que pueda entrar en estudio”, comentó el legislador Rodríguez.
Sostuvo que es un tema muy sensible, “pues estamos hablando de derechos de personas que están trabajando para el Estado y ello amerita tener las respuestas en el sentido de que si hoy queremos ganar igual que los funcionarios activos, de algún lado tienen que salir los recursos”.
Informó que la Facultad de Economía hará el trabajo del cálculo actuarial, con proyección de aquí a 30 años, y darán una idea de qué es lo que se debe insertar en la modificación de la Ley para que esto pueda ser sostenible en el tiempo.
“Consideramos que la petición es legítima pero hay que ver la forma de respaldar todo esto económicamente. Nos pusimos un plazo, tener tres reuniones más: el 12 de abril, el 10 de mayo y el 7 de junio. La Abogacía del Tesoro también se incorporará al trabajo”, acotó el congresista.
Por último, dijo que todos los sectores podrán aportar mucho para que las diferentes partes salgan beneficiadas y adelantó que serán muy prudentes y racionales ya que “en juego hay recursos muy importantes”.
