El vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), puso énfasis en un hecho no muy promocionado, desde su óptica, por los medios de comunicación: la declaración jurada de bienes de las autoridades municipales que culminaron su gestión.
Para el legislador, toda la atención estuvo centrada en que los nuevos intendentes y concejales municipales presenten sus respectivas declaraciones juradas de bienes en tiempo y firma, pero nadie recordó que las autoridades salientes también deben hacerlo.
Incluso cuestionó que la propia Contraloría General de la República (CGR), solo se haya centrado en la declaración jurada de los nuevos y no en la declaración que debe ser presentada por las autoridades municipales salientes.
“Esto se debe presentar en el plazo correspondiente para que después la Contraloría General de la República pueda hacer el dictamen sobre las declaraciones de los intendentes y concejales que dejaron sus cargos”, dijo el parlamentario.
Precisó que la importancia radica en comparar la declaración jurada del funcionario público antes de entrar y una vez culminada su gestión, para determinar si con los salarios que recibió puede justificar su patrimonio actual.
El diputado Ávalos Mariño manifestó que en el caso de los intendentes y concejales que no cumplieron con el pedido de la Contraloría se les debe entablar un sumario y la sanción correspondiente, que es la misma que rige para los intendentes nuevos que no presentaron la declaración.
“Las multas son de 300 jornales mínimos, con la posibilidad de perder el cargo y la inhabilitación de ejercer la función pública por 10 años, previo sumario administrativo”, detalló.
Presunción de enriquecimiento ilícito
El legislador señaló que si el patrimonio actual de los ex intendentes y concejales no es coherente con los ingresos que tuvieron, hay una presunción de enriquecimiento ilícito.
“Si es así, la Contraloría debe denunciar el hecho ante el Ministerio Público”, sentenció.
