En un audiencia pública que se llevó a cabo en el Congreso Nacional, varios grupos de ciudadanos organizados  que se sienten afectados por el proyecto metrobús reiteraron su rechazo a la propuesta cuyos trabajos ya están en marcha.

La actividad estuvo organizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, donde es presidenta la diputada Olga Ferreira (Independiente).

Participaron representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; el Ministro del Trabajo; autoridades de los Municipios y las Juntas Municipales de las ciudades de Asunción, Fernando de la Mora y San Lorenzo; representantes del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam); entre otros.

“Según me comentaron, la mayor traba que se tiene es la falta de comunicación. Las autoridades estamos obligadas a dar participación ciudadana. Considero que toda modernización es buena, siempre que no afecte el derecho de los ciudadanos”, dijo la legisladora en el inicio del evento.

Expresó que existen ciudadanos que no saben qué sucederá con ellos ni donde serán reubicados. “Este proyecto se hizo sin un estudio sobre el trabajo de esta gente. El impacto económico y social que va a tener sobre estos pobladores no es nada favorable, por lo que no puedo llamarle progreso”, sentenció.

Rubén Lisboa, vocero de un grupo, expuso que el proyecto metrobús es una iniciativa que estará perjudicando a muchas personas si es llevada a cabo como se tiene estipulado, por lo que dijo que del modo en que se desarrolla todo esto, puede afirmarse que es un atropello.

Pronunció que “expulsar ciudadanos de sus puestos de trabajo y dejar sin sustento a miles de ellos no puede llamarse progreso”.

A  su vez, dijo que el propósito del metrobús está financiado por un organismo de dudosa credibilidad y aseveró que los derechos humanos de muchos ciudadanos son vulnerados totalmente. “Se viola todo lo acordado por nuestro país, que es firmante de esos tratados”, aseveró.

Los participantes coincidieron en que el proyecto se mostró como algo vistoso, atractivo, pero que está dejando de lado a los trabajadores que todos los días luchan por ganarse el pan.

Especificaron que el mismo tiene varias aristas, pero que la arista más importante es que están violando derechos humanos, que no son respetados por el Estado, pues están atropellando un gran segmento equilibrador de precios, como los Mercados de San Lorenzo y el Nº 4 de la capital.

Guillermo González, a su turno, indicó que siempre fueron tratados por las autoridades de los ministerios como “detractores del progreso y egoístas que no quieren el bienestar de los demás”.

“Promocionan el metrobús como una gran modernidad, que seremos beneficiados todos con este proyecto, pero es algo que está alejado de la realidad”, criticó.

Igualmente, Ignacio Iramain expresó que se está frente a un problema complejo al cual se le quiere dar una respuesta simple, pero que a la vez viola un principio democrático. “Estoy a favor de una iniciativa adecuada del metrobús, pero este proyecto no respeta un principio que es fundamental”, subrayó.

No es la solución

El representante de la Cámara de Comerciantes y Empresarios del Mercado de San Lorenzo recalcó que el plan del metrobús, desde sus inicios, estuvo mal, por lo que explicó que lo que convendría a la ciudad de San Lorenzo es la construcción de un viaducto.

“Metrobús no es solución, al contrario, va a complicar más el trafico porque la calle que soporta el mayor tráfico de ruta I y ruta ll es la que quieren utilizar para el efecto”, esgrimió.

Para finalizar, los presentes dejaron en claro que el tema debatido hará que muchas familias que viven de lo que se vende en los mercados mencionados queden gravemente perjudicadas.

Reubicación de vendedores

La legisladora Ferreira de López opinó que desalojar a los vendedores informales sin tener un lugar donde ubicarlos no puede ser considerado un paso al frente. Adelantó que enviará una nota al intendente de Asunción, Mario Ferreiro, para que los trabajadores afectados sean reubicados.

“Nunca podremos progresar sin la inclusión de todos los ciudadanos. Acá se habla del interés general sobre el particular y justamente el interés particular son miles de intereses particulares, porque son las personas más vulnerables las que quedarán sin fuente de trabajo, lo cual es una violación de los derechos humanos”, concluyó la parlamentaria.

 

(Fuente HCD)