La Comisión Permanente del Congreso Nacional había solicitado, tiempo atrás, un informe a la Contraloría General de la República (CGR), con respecto a los intendentes nuevos y salientes que no presentaron sus declaraciones juradas de bienes, en tiempo y forma, como establece la Ley.
Esos informes fueron remitidos y el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), quien fue el impulsor de los requerimientos, brindó detalles de las explicaciones arrimadas por la CGR.
“Tenemos un informe bastante completo. Con relación a los intendentes, solamente tres no presentaron hasta la fecha sus declaraciones juradas de bienes. Son los intendentes de Cerrito, Patricio Ayala Almirón; Laureles de Ñeembucú, Ignacio Patricio Fretes; y de Yvyrarovaná, Canindeyú, Luis Francisco Mereles Bedoya. Ellos son los que, a la fecha, no presentaron declaración jurada”, confirmó el parlamentario.
En lo que respecta a los intendentes que dejaron el cargo, y que también deben presentar sus declaraciones, se informó que un total de 62 no acercó los documentos.
Concejales
En cuanto a los concejales que asumieron recientemente, hasta la fecha, 202 no dieron cumplimiento a la Ley. Ávalos Mariño comentó que estos ediles son de diferentes municipios del país.
A su vez, 1.360 concejales que ya no fueron electos o no volvieron a candidatarse al cargo, tampoco presentaron sus declaraciones.
“Estamos contentos porque el pedido de informes también sirvió para algunos avances; nos damos cuenta de que la Contraloría dictó una resolución donde reglamenta el procedimiento de sumario administrativo a los efectos de que se pueda implementar el sumario y que estas autoridades y ex autoridades puedan ser sometidas al mismo. Si resultan responsables por el incumplimiento de la Ley, deben ser aplicadas las sanciones correspondientes”, opinó el diputado.
Sanciones
El parlamentario recordó que la sanción por el incumplimiento de la Ley que establece la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas de bienes, en primera instancia, es una multa de 300 jornales mínimos, lo que sería G. 18 millones, aproximadamente.
Si esto es aplicado a los 1.600 que se encuentran en falta, entre los entrantes y salientes, daría un ingreso de G. 30.000 millones en ese concepto, de acuerdo a las precisiones del legislador.
El congresista refirió que otra de las sanciones puede ser la inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años.
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