En el Poder Legislativo manejan la posibilidad de modificar unos artículos de la Ley de protección de la niñez y la adolescencia en el ámbito educativo privado, a fin de multar a las escuelas y colegios que no permitan que los chicos rindan sus exámenes por estar atrasados en el pago de las cuotas.
En conferencia de prensa, el proyectista, diputado Víctor Ríos (PLRA), y la presidenta de la Comisión de Educación, diputada Karina Rodríguez (Avanza País), señalaron que en la sesión ordinaria de este miércoles pedirán que el tema sea discutido e intentarán, incluso, que ya sea aprobado sobre tablas.
El Proyecto de Ley “Que modifica los artículos 3° y 4° de la Ley N° 3.587, de protección de la niñez y de la adolescencia en el ámbito educativo privado”, además del legislador Ríos, tiene como proyectista al diputado Edgar Acosta (PLRA).
Básicamente, pretenden sancionar a las instituciones que violen las disposiciones de la citada Ley, con multas que ascienden al equivalente de cincuenta jornales mínimos legales (más de G. 3.500.000).
A la Cámara de Diputados llegaron denuncias de padres de familia respecto a que en ciertas instituciones se obligaba a padres, tutores o encargados de niños a que los retiren a tempranas horas por estar retrasados en el pago de las cuotas.
En algunos casos, incluso, ya se denunció que las instituciones no dejaban rendir exámenes a los estudiantes por el retraso en los pagos.
“Este mecanismo de prohibir que los alumnos rindan exámenes finales, uno de los momentos más sensibles en el ámbito escolar, afecta bastante al alumnado que se encuentra, a estas alturas, con el cierre del año lectivo”, señaló Karina Rodríguez.
Dijo que los alumnos no tienen por qué recibir discriminación en cuanto al derecho a seguir estudiando, “ni pasar por el mal momento de ser retirados de las aulas porque sus padres no hayan podido cumplir con el pago de las cuotas correspondientes”.
“Las instituciones educativas no son financieras y tienen que tener muy claro que están trabajando con la educación, que es un derecho humano básico de todos los paraguayos y paraguayas. Es un salvajismo condenar a los niños y niñas a no recibir educación porque sus padres no pueden pagar la cuota”, opinó, a su vez, el legislador Víctor Ríos.
Apuntó que esta actitud es inadmisible y contradice los principios básicos de un estado social de derecho.
